XAVIER MARCONI MONTERO VILLANUEVA
La cada vez más amplia intromisión de la Iglesia católica en asuntos públicos y de carácter político conlleva un riesgo muy importante para el Estado.
Para nadie es un secreto la importante presencia del máximo jerarca católico dentro de los círculos más importantes en el ámbito político y empresarial, que no tendría mayor problema si no fuera porque esta influencia se deja sentir también ya en la toma de las decisiones que nos afectan a todos.
Todos recordamos que el mayor desliz que ha tenido el gobernador Emilio González Márquez con el pueblo de Jalisco, fue a raíz del capricho del titular del Poder Ejecutivo de otorgarle 90 millones de pesos del erario público a la Iglesia católica para la construcción del Santuario de los Mártires, provocando la indignación de la sociedad jalisciense y motivando posteriormente que ese dinero fuera regresado a las arcas estatales.
En abril del año pasado, los jaliscienses recibimos un sonoro recordatorio maternal por parte del gobernador del estado, porque no apoyamos las decisiones tomadas por él, en relación con el uso discrecional de los recursos públicos, en un acto que tuvo la presencia del señor cardenal.
Todos hemos sido testigos de cómo decenas de instituciones civiles ligadas a la Iglesia católica reciben subsidios estatales a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y el IJAS, dejando de lado a otras organizaciones independientes que también realizan labor social.
El Semanario de la Iglesia católica se ha convertido en un medio de comunicación que en vez de llevar fe y esperanza a todos los feligreses en estos tiempos de crisis, se utiliza para golpear a otras fuerzas políticas y enaltecer las acciones del Partido Acción Nacional.
Sin ejercer una función pública, el abogado José Antonio Ortega recibe sueldo del gobierno del estado –se publicó que gana 50 mil pesos mensuales– por llevar el seguimiento jurídico del caso Posadas y nadie le pide cuentas de lo que hasta el momento ha hecho.
Todo lo anterior, claro está, sucede porque los gobiernos y funcionarios panistas siguen pensando que en Jalisco no existe la ley o que la ley son ellos mismos. Ha sido el propio gobernador y miembros de su gabinete quienes han permitido que los actos de gobierno se realicen con una óptica religiosa que se pretende imponer a toda costa al pueblo de Jalisco, como si fuera una nueva moral pública.
Los talleres sobre la Biblia en Casa Jalisco son una muestra de que el estado laico que imponen nuestras leyes, simplemente en nuestro estado son letra muerta, provocando con ello que los mandos católicos se metan hasta la cocina.
La reciente modificación al artículo cuarto de nuestra Constitución estatal, en la llamada reforma antiaborto, refleja de manera contundente la intromisión del máximo jerarca católico en los temas públicos.
El acuerdo inicial entre las fuerzas políticas integrantes del Poder Legislativo había sido que este tema, producto de iniciativa popular impulsada desde el Arzobispado, se dictaminara en el mes de agosto, una vez pasada la elección del 5 de julio.
Fue el propio cardenal quien pidió al coordinador de la fracción panista en el Congreso, y candidato de ese partido a la presidencia municipal de Guadalajara, así como al presidente estatal del PRI, que se dictaminara de manera inmediata, so pena de ser señalados por la propia Iglesia durante las campañas políticas de no estar a favor de la vida y promover por omisión el aborto en Jalisco.
De fondo lo que se estaba jugando era el nivel de intervención de la Iglesia católica a favor del PAN o en contra del PRI, para las próximas elecciones intermedias.
De conformidad con nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 130, las iglesias no deben inmiscuirse en asuntos del Estado y de carácter electoral, el propio ordenamiento jurídico expresa claramente que los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna.
Tampoco podrán, en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios.
Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa.
Asimismo, no podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político.
Como podemos observar, estas acciones han provocado la división y el enfrentamiento entre jaliscienses, porque no todos pensamos igual en nuestra entidad, por lo que la libertad, la tolerancia y el respeto al diferente deben ser las bases de la convivencia pacífica entre nosotros.
Vienen las elecciones y ojalá podamos ver a los ministros de culto y a sus jerarcas sacando las manos del proceso, para que los jaliscienses en libertad de conciencia y de acción podamos tomar las decisiones que más convengan a Jalisco.
Tomado de la Jornada, 5 de abril del 2009
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